domingo, 11 de marzo de 2012

Dación en pago

Debido a los problemas que tienen numerosas familias para hacer frente a las hipotecas sobre sus viviendas y su consecuente desalojo, el gobierno ha establecido una serie normas, empezando por la reestructuración, la quita y, finalmente la dación en pago.

El Gobierno establece reglas para los desalojos que incluyen la dación en pagoEL PAÍS 9/3/12



Reestructuración, código de buenas prácticas de adhesión voluntaria

Las entidades financieras que se adhieran al código de buenas prácticas tendrán un mes para presentar un plan de reestructuración a las familias hipotecadas en riesgo de exclusión. Este programa incluye 4 años en los que solo pagarán los intereses, no el capital; una reducción del tipo de interés al euríbor + 0,25 puntos; y un alargamiento del plazo de devolución a 40 años.

Quita

Si la reestructuración no basta para que el cliente pueda dedicar menos del 60% de los ingresos a la hipoteca, el banco ofrecerá una quita (reducción de la deuda). Aunque esta quita es voluntaria por parte del banco, aunque se haya adherido al código de buenas prácticas.

Dación en pago

Si ha pasado un año desde la solicitud de reestructuración y la deuda sigue siendo inviable, el cliente podrá exigir la dación en pago, es decir, que con la vivienda baste para saldar la deuda. Podrá seguir en el piso dos años por un alquiler del 3% del capital pendiente de amortización. Ejemplo, por un piso en el que se debe 100.000 euros, pagaría 250 euros mensuales.

¿Cuándo hay riesgo de exclusión?

Las condiciones para estar incluido en este plan de flexibilización de condiciones es estar en el umbral de exclusión que exige que todos los miembros de la familia estén en paro (hay 1,5 millones); que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. El precio va en una escala que se inicia en los 200.000 euros como máximo en ciudades de más de un millón de habitantes hasta las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde el límite son casas de menos de 100.000 habitantes. Los afectados no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas.

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